Ante las consultas planteadas por distintas Inspecciones Provinciales, esta \u00c1rea de Coordinaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el apartado 2\u00ba B, de la Resoluci\u00f3n del Director del Organismo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social de 20-03-2020, sobre organizaci\u00f3n del Organismo en la gesti\u00f3n de la crisis del COVID-19, que crea la Unidad de gesti\u00f3n de la crisis del COVID, informa lo siguiente:<\/p>\n
1) CONSIDERACIONES GENERALES 2) MARCO NORMATIVO No obstante, para garantizar la protecci\u00f3n de las empresas frente a supuestos en los que se adopten nuevas medidas que afecten al desarrollo de la actividad productiva, el propio Real Decreto-ley 24\/2020 prev\u00e9 en su Disposici\u00f3n adicional primera.2 que las \u201cempresas y entidades que, a partir del 1 de julio de 2020, vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopci\u00f3n de nuevas restricciones o medidas de contenci\u00f3n que as\u00ed lo impongan en alguno de sus centros de trabajo, podr\u00e1n beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los c\u00f3digos de cuenta de cotizaci\u00f3n de los centros de trabajo afectados, de los porcentajes de exenci\u00f3n previstos a continuaci\u00f3n, previa autorizaci\u00f3n de un expediente de regulaci\u00f3n temporal de empleo de fuerza a) El 80 % de la aportaci\u00f3n empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30 de septiembre, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situaci\u00f3n de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.<\/p>\n b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o m\u00e1s personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situaci\u00f3n de alta, la exenci\u00f3n alcanzar\u00e1 el 60 % de la aportaci\u00f3n empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre.<\/p>\n En este caso, la exoneraci\u00f3n se aplicar\u00e1 al abono de la aportaci\u00f3n empresarial prevista en el art\u00edculo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8\/2015, de 30 de octubre, as\u00ed como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudaci\u00f3n conjunta.\u201d<\/p>\n De esta manera, ante la imposibilidad de tramitar nuevos expedientes al amparo del art\u00edculo 22 del Real Decreto-ley 8\/2020, pero ante la necesidad de responder a las consecuencias derivadas de nuevas medidas y restricciones, el Real Decreto-ley 24\/2020 prev\u00e9 que aquellas empresas que, a partir del 1 de julio de 2020 vean impedido el desarrollo de su actividad \u201cpor la adopci\u00f3n de nuevas restricciones o medidas de contenci\u00f3n que as\u00ed lo impongan en alguno de sus centros de trabajo\u201d puedan disfrutar de diversas exenciones en la aportaci\u00f3n empresarial de cuotas de Seguridad Social.<\/p>\n 3) PROCEDIMIENTO<\/strong> Lo anterior implica que, en estos casos, el informe de la ITSS vuelve a tener car\u00e1cter preceptivo, y deber\u00e1 ser emitido a la mayor brevedad posible, al aplicarse el plazo ordinario de resoluci\u00f3n del expediente, de cinco d\u00edas a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del \u00f3rgano competente para su tramitaci\u00f3n.<\/p>\n 4) CAUSAS MOTIVADORAS – Ha de existir un acontecimiento imprevisible, entendido como imposibilidad circunstancial de prevenirlo. 3.2. Partiendo de lo anterior, la propia norma prev\u00e9 los supuestos en los que podr\u00e1 considerarse que concurre la fuerza mayor en estos ERTE:<\/strong> cuando no sea posible el desarrollo de la actividad por \u201cnuevas restricciones o medidas de contenci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Debe tenerse en cuenta que la propia norma, sin precisar su concreta naturaleza, hace una distinci\u00f3n entre \u201crestricciones\u201d y \u201cmedidas de contenci\u00f3n\u201d, lo cual supone una diferenciaci\u00f3n entre las mismas. En este sentido, pueden adoptarse decisiones restrictivas que supongan una prohibici\u00f3n expresa, o que limiten actividades con car\u00e1cter gen\u00e9rico o concreto, confinamiento, etc., o bien pueden adoptarse medidas que, si bien no proh\u00edben una actividad, puedan exigir posteriormente una serie de controles para evitar la propagaci\u00f3n de un virus, tales como cuarentenas o realizaci\u00f3n de pruebas diagn\u00f3sticas espec\u00edficas. Por tanto, estas restricciones o medidas de contenci\u00f3n tienen Por ello, a la vista de dicho car\u00e1cter gen\u00e9rico, deber\u00e1 considerarse en principio causa v\u00e1lida motivadora del expediente de regulaci\u00f3n de empleo cualquier tipo de restricci\u00f3n o medida de contenci\u00f3n, siempre que afecte directamente a la actividad de un centro de trabajo, y as\u00ed se acredite por la empresa.<\/p>\n Es indiferente, a estos efectos, cu\u00e1l sea la autoridad que adopte la restricci\u00f3n o la medida de contenci\u00f3n. Lo esencial es su competencia para adoptarla, su car\u00e1cter externo y ajeno a la voluntad del empresario, y su efecto, que debe impedir, en todo o en parte, la continuaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n laboral.<\/p>\n As\u00ed, a t\u00edtulo de ejemplo, el supuesto m\u00e1s habitual ser\u00e1 aquel en que la medida la adopta la autoridad competente respecto a las empresas incluidas en su \u00e1mbito geogr\u00e1fico de competencias, como es el caso de los posibles cierres de establecimientos o la limitaci\u00f3n de horarios.<\/p>\n Pero, adem\u00e1s, resulta evidente que existen medidas que, aun siendo aprobadas por autoridades externas al \u00e1mbito geogr\u00e1fico de un centro de trabajo, podr\u00e1n tener consecuencias directas respecto a la actividad de este. As\u00ed, cabe incluir aquellas medidas adoptadas por otros pa\u00edses relativas a restricciones respecto a los lugares de viaje. En casos tales como aquellos en los que las autoridades de terceros pa\u00edses impongan medidas de cuarentena u otras restricciones a los viajeros que proceden de Espa\u00f1a, puede haber una importante incidencia en la actividad de una empresa, especialmente en los sectores de la hosteler\u00eda, transporte o industrias conexas.<\/p>\n Por lo dem\u00e1s, admitiendo que las medidas de contenci\u00f3n, independientemente de su naturaleza, puedan ser alegadas por la empresa para justificar la reducci\u00f3n de su actividad, no puede dejar de recordarse que la fuerza mayor, como causa motivadora del expediente de regulaci\u00f3n temporal de empleo, deber\u00e1 quedar acreditada debidamente. Ser\u00e1 preciso que la empresa acredite, de la manera m\u00e1s objetiva y concreta posible, una correlaci\u00f3n entre la causa (las restricciones o medidas de contenci\u00f3n) y la consecuencia (la imposibilidad de desarrollar la actividad), ya que no toda reducci\u00f3n de la actividad estar\u00e1 \u00edntimamente relacionada con las posibles medidas que se adopten para frenar la pandemia. En ello incide la disposici\u00f3n adicional primera.2 (\u201cLas empresas y entidades que\u2026 vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopci\u00f3n de nuevas restricciones o medidas de contenci\u00f3n que as\u00ed lo impongan en alguno de sus centros de trabajo\u201d), reforzado por la exposici\u00f3n de motivos, cuando indica que \u201clas empresas y Por tanto, en los casos en que no se acredite esta correlaci\u00f3n, y habiendo reducci\u00f3n de la actividad de la empresa, nos podr\u00edamos encontrar ante un ERTE por otras causas, pero no por causa de fuerza mayor, cuesti\u00f3n ya prevista por el art\u00edculo 33.4 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensi\u00f3n de contratos y reducci\u00f3n de jornada, cuando prev\u00e9 que \u201cEn el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se podr\u00e1 iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo o de suspensi\u00f3n de contratos o reducci\u00f3n de jornada, de acuerdo con lo establecido en el T\u00edtulo I.\u201d<\/p>\n 5) \u00c1MBITO DE LOS ERTE DE LA DISPOSICI\u00d3N ADICIONAL PRIMERA.2<\/p>\n <\/strong>Una de las diferencias m\u00e1s sustantivas entre los expedientes previstos en la Disposici\u00f3n adicional primera.2 del Real Decreto ley 24\/2020, y los expedientes basados en el art\u00edculo 22 del Real Decreto ley 8\/2020, es que los primeros definen claramente el centro de trabajo, y no la empresa, como su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n En este sentido, ser\u00e1 suficiente que la empresa acredite que se cumplen los dos requisitos exigibles conforme a la Disposici\u00f3n adicional primera.2 (nuevas medidas de contenci\u00f3n o restricciones e imposibilidad de desarrollo de la actividad) y la relaci\u00f3n de causalidad entre ambos, en alguno de sus centros de trabajo y no en todos, pudiendo concederse la medida solicitada en cuanto a los primeros.<\/p>\n 6) CONCURRENCIA DE EXPEDIENTES PREVIOS<\/strong><\/p>\n <\/p>\n El apartado 4 de la Disposici\u00f3n adicional primera del Real Decreto ley 24\/2020 establece: – Estos ERTE son compatibles con los expedientes basados en las causas de los art\u00edculos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8\/2020, tanto los de fuerza mayor total como los de fuerza mayor parcial, preexistentes.<\/p>\n – Estos ERTE tambi\u00e9n son compatibles con cualquier otro expediente de regulaci\u00f3n temporal de empleo preexistente que no est\u00e9 relacionado con el COVID-19 y con la regulaci\u00f3n espec\u00edfica aprobada desde la declaraci\u00f3n del Estado de Alarma.<\/p>\n En consecuencia, no es un requisito la renuncia a expedientes de regulaci\u00f3n temporal de empleo previos que pueda estar aplicando la empresa en el momento en que se actualice la causa del ERTE previsto por la Disposici\u00f3n adicional primera.2 para que se le pueda autorizar este \u00faltimo.<\/p>\n \n4 de septiembre de 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ante las consultas planteadas por distintas Inspecciones Provinciales, esta \u00c1rea de Coordinaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el apartado 2\u00ba B, de la Resoluci\u00f3n del Director del Organismo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social de 20-03-2020, sobre organizaci\u00f3n del Organismo en la gesti\u00f3n de la crisis del COVID-19, que crea la Unidad de … <\/p>\n
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\nLa presente nota informativa tiene por objeto facilitar pautas orientativas para la unificaci\u00f3n de los criterios de los distintos actuantes en la elaboraci\u00f3n del informe cuya emisi\u00f3n atribuye la normativa a la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social.
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\nComo ha sucedido en ocasiones anteriores, su finalidad es procurar que las actuaciones de las distintas unidades territoriales de la ITSS sean homog\u00e9neas en todo el territorio nacional. Esa homogeneidad implica que las argumentaciones mantenidas en sus informes han de ser coherentes, sin perjuicio de que la valoraci\u00f3n de las circunstancias de cada caso debe corresponder a cada funcionario actuante, que conserva su autonom\u00eda t\u00e9cnica y funcional a todos los efectos.<\/p>\n
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\nTras la regulaci\u00f3n de los ERTE por fuerza mayor que tuviesen su causa directa en p\u00e9rdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, prevista por el art\u00edculo 22 del Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19, el Real Decreto-ley 24\/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivaci\u00f3n del empleo y protecci\u00f3n del trabajo aut\u00f3nomo y de competitividad del sector industrial, ha limitado la aplicaci\u00f3n del mencionado art\u00edculo 22 a los ERTE solicitados antes de la entrada en vigor del mismo, es decir, antes del 27 de junio de 2020 y con una duraci\u00f3n, como m\u00e1ximo, hasta 30 de septiembre de 2020.<\/p>\n
\nmayor en base a lo previsto en el art\u00edculo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores:<\/p>\n
\nLa tramitaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n de estos expedientes de regulaci\u00f3n de empleo de fuerza mayor ha de realizarse con arreglo a lo previsto en el art\u00edculo 47.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin que se haga alusi\u00f3n a ninguna especialidad procedimental, por lo que ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo establecido en dicho art\u00edculo 47.3 TRLET, as\u00ed como el 51.7 TRLET, al que se remite el anterior, y en su desarrollo reglamentario, previsto por el Real Decreto 1483\/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensi\u00f3n de contratos y reducci\u00f3n de jornada.<\/p>\n
\n<\/strong>
\n3.1. Debe partirse de la consideraci\u00f3n general de estos expedientes como provenientes de fuerza mayor temporal. Ello quiere decir que resultan aplicables a estos expedientes los elementos comunes que deben concurrir en todo expediente de fuerza mayor temporal:<\/strong><\/p>\n
\n– Ha de ser irresistible o inevitable, empleando la diligencia debida que racionalmente pudiera aplicarse.
\n– Ha de ser externo a la voluntad del empresario.
\n– Debe impedir temporalmente el cumplimiento, en todo o en parte, de la obligaci\u00f3n y
\nprovenir de una causa extra\u00f1a a la relaci\u00f3n obligacional misma.
\n– Ha de existir una relaci\u00f3n de causa a efecto entre el acontecimiento que revista esas
\ncaracter\u00edsticas y el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, total o parcial.<\/p>\n
\ncar\u00e1cter gen\u00e9rico o indeterminado, dada la diversidad de las posibles medidas que se puedan adoptar en el futuro para hacer frente a la pandemia y evitar la propagaci\u00f3n de la enfermedad.<\/p>\n
\nY, adem\u00e1s, ser\u00e1 necesario acreditar la relaci\u00f3n de causalidad entre las restricciones y medidas de contenci\u00f3n que se adopten y sus consecuencias en el empleo, as\u00ed como la valoraci\u00f3n de la proporcionalidad de la medida, ya que, como se ha se\u00f1alado en ocasiones previas, no puede olvidarse que el ERTE por fuerza mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar el salario, cuando la prestaci\u00f3n laboral deviene imposible como consecuencia de un hecho externo al c\u00edrculo de la empresa, imprevisible o, en todo caso, inevitable.<\/p>\n
\nentidades que soliciten un expediente de regulaci\u00f3n temporal de empleo ante la imposibilidad de desarrollar su actividad con motivo de la adopci\u00f3n de nuevas restricciones o medidas de contenci\u00f3n como consecuencia de un eventual agravamiento de la pandemia provocada por la COVID-19\u201d.<\/p>\n
\nCuando las empresas y entidades a las que se refieren los apartados anteriores reinicien su actividad, les ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n desde dicho momento, y hasta el 30 de septiembre de 2020, las medidas reguladas en el art\u00edculo 4.1 del presente real decreto-ley.
\nLas implicaciones de este apartado son las siguientes:<\/p>\n