Hablar de la escalada de los precios energéticos se ha convertido en un lugar común en la sociedad española. Si entre los consumidores domésticos afecta, por el momento, solo a los que se encuentran acogidos a la tarifa regulada, pequeños consumidores, —“solo”, pero son unos 11 millones de consumidores—, las empresas realmente electrointensivas, como las siderúrgicas, están siendo muy seriamente perjudicadas por esta deriva de los precios.
El Gobierno, agobiado por la situación, ha actuado quizás de manera precipitada cuando aprobó un Decreto-Ley (el 17) para modificarlo posteriormente de una forma casi radical (el 23), dejando inerme a la industria consumidora de energía ante la escalada de precios.
Los intentos de que la Unión Europea inicie el estudio de una nueva metodología para la fijación de los precios eléctricos, han chocado con la negativa tanto de la Comisión como de la mayoría de los socios europeos que, por diversos, motivos se encuentran encantados con sistema actual, aunque genere las situaciones que todos estamos soportando.
Entretanto, en un ejercicio de propaganda voluntarista, y quizás no muy limpio, el presidente del Gobierno se comprometió a que los españoles paguen la electricidad este año al mismo precio que en 2018. La realidad, muy tozuda, de la mano de las peculiaridades (por ser diplomático) del sistema de fijación de precios y de las presiones inflacionarias del gas y de los derechos de emisión, ha llevado los precios muy por encima de lo temido por todos hace dos meses. Pues bien, en la mañana del 1 de diciembre, en el primer día de Adviento, una destacada miembro del Gobierno, en un ejercicio digno de “1984”, insistía en convencernos de que no pasa nada y de que “el conjunto de los españoles” tiene un precio eléctrico similar al de 2018.
Hoy mismo, cuando la electricidad en el mercado mayorista ya ha roto la barrera de los 300 €/MWh (para los nostálgicos de la pesetas supondría 50.000 pesetas por MWh) la vicepresidenta tercera del Gobierno, haciendo bueno eso de que el papel lo aguanta todo, ha presumido de que la “inmensa mayoría de los consumidores va a pagar lo mismo que en 2018”. Los responsables del Ministerio de la Verdad de “1984” no lo habrían hecho mejor.
Nos enfrentamos a un serio problema con los precios energéticos y de difícil solución.
Ante ello, algunos enarbolan la necesidad de crear una empresa pública de electricidad, sin explicar el secreto que haría reducir el precio de la energía dependiendo del accionista de la empresa, salvo que se pretenda una huida hacia delante (la Argentina de Kirchner, por ejemplo, o la España franquista de los primeros años setenta) que solo conllevaría pobreza en un futuro no muy lejano.
Otros, liberales a la violeta, abrazan con fruición religiosa el sistema actual de fijación de precios, olvidando que no hay sistemas inmutables y que si un sistema no cumple su función de servir a los ciudadanos lo razonable es modificarlo. No es razonable ni que la electricidad esté en niveles bajísimos las noches muy ventosas, ni que tenga precios como los de este final de año, cercanos a 300 €/MWh
Por últimos, nos encontramos con la situación del gas natural en la que se junta la geopolítica, la gran demanda y la imposibilidad de que la oferta pueda satisfacerla a corto plazo, todo ello mezclado con la intención de una buena parte de las autoridades europeas de abandonar el consumo de gas a medio plazo. ¿Alguien cree que eso constituye un incentivo para moderar los precios del gas o es todo lo contrario?
Y la guinda, el precio de los derechos de CO2, que ya supera los 80 €/t ante las albricias de algunos —fundamentalmente los inversores en ese mercado—, lo que hará más difícil abordar las cuantiosísimas inversiones necesarias para alcanzar la descarbonización.
(Lamentablemente, continuará)
